El Gobierno Vasco «retoca» la Ley Vasca de Cooperación para salvar 325 millones de euros en inversiones de posible uso militar

En pleno debate presupuestario, la Coordinadora de ONGD de Euskadi ha reclamado a partidos e instituciones vascas una apuesta firme por la cooperación. Gracias en gran medida a ese trabajo de incidencia política, se han logrado incrementos presupuestarios en la Diputación Foral de Álava (1,2 millones), en la Diputación Foral de Gipuzkoa (500.000 euros) y en el Ayuntamiento de Gasteiz (350.000 euros), entre otras instituciones.

En otras instituciones, sin embargo, la realidad está siendo muy distinta, con importantes retrocesos para la cooperación vasca. Es el caso del Gobierno Vasco, donde además de una bajada porcentual en la partida destinada a cooperación para el desarrollo, también se ha producido una reducción en términos absolutos.

Pero es que, además, según reveló hace unos días elDiario.es Euskadi, los partidos que forman el Gobierno Vasco —PNV y PSE-EE, con mayoría absoluta— introdujeron el pasado 28 de noviembre una serie de enmiendas al articulado de la Ley de Presupuestos para el año 2026. Entre estas enmiendas (técnicas, en teoría), se introdujo una disposición final décima por la cual se modificaba la Ley Vasca de Cooperación y Solidaridad en su artículo 10, referido a la Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible.

«El sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en sus políticas de promoción económica, no colaborará con aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armamento o tecnología de uso militar que no se encuadren en la Estrategia Europea de Seguridad». Esta es la nueva redacción del artículo 10.4 de la Ley Vasca de Cooperación, que, al añadir el último condicionante, permitirá al Gobierno Vasco colaborar económicamente con la industria armamentística; eso sí, siempre que ésta sea europea.

En el texto de la enmienda, ambos grupos parlamentarios justifican el cambio de la siguiente manera: «Si no se aprueba, peligra la movilización de 325 millones de euros en inversión industrial en Euskadi». Y menciona tres sectores estratégicos: ciberseguridad, aeroespacial y combustibles renovables. Se trataría de inversiones que podrían ser consideradas de «doble uso» militar; es decir, relacionadas con productos que pueden destinarse a usos tanto civiles como militares.

Puedes leer el comunicado completo en la web de la Coordinadora de ONGD de Euskadi.